La consternación por el robo con homicidio en la calle Loreley de la comuna de La Reina ha puesto en el foco público la historia delictual de Ariel Mena, el «chico mono», una búsqueda en Google por el término «chico mono» arroja mucha información sobre su prontuario, sus 21 detenciones anteriores y los reproches al sistema judicial que no lo mantuvo encerrado para que no cometiera más crímenes.
En un encuentro de seguridad de la misma comuna, la municipalidad de La Reina repartió una carta ( sin firma de algún responsable ) que dice en parte «Todo lo anterior demuestra la grave falencia del Sistema Judicial Chileno, garantista que permite que una persona vuelva a delinquir» y termina afirmando «si el Poder Judicial Hubiese decretado la prisión preventiva y cumpliese con su labor de protección de la ciudadanía, el robo y homicidio se hubiesen podido evitar.»
El rol del poder judicial
El documento afirma que el poder judicial debe proteger a la ciudadanía y relaciona este deber con decretar la prisión preventiva de un joven. No pretendo defender lo indefendible ni exculpar a Ariel Mena quien hoy es un criminal de grado mayor, que debe enfrentar sus responsabilidades como adulto. Pero el «chico mono» fue un niño, un ciudadano de corta edad a quien se le vulneraron sus derechos también. Alguien le dio su primera dosis de droga, alguien falló en rehabilitarlo. Falló su familia, fallaron sus vecinos, falló la comunidad. Si de proteger a la ciudadanía hablamos debemos hacernos dos preguntas:
¿Que entendemos por ciudadanía? y ¿De qué debe ser protegida?
Los niños no son el futuro
(¿Que entendemos por ciudadanía?)
La sociedad actual ve al niño, en el mejor de los casos, como una promesa de convertirse en un ciudadano valioso, lo que ocurrirá en el futuro sólo si hacemos las cosas bien. Esa mirada es la que aplicamos al niño propio, al cercano, al que se parece a nosotros y que se nos hace fácil querer. Cuando se trata del lejano, del de otro barrio, del que requiere atención especial, es percibido como un problema que debe ser abordado por las autoridades y probablemente institucionalizarlo en el Sename.
Ya sea como promesa o problema, no percibimos a nuestros niños como ciudadanos de ahora, con sus preocupaciones y derechos. Por lo tanto cuando hablamos de «proteger a la ciudadanía» hablamos de proteger a los adultos y sus pertenencias. Analizamos la situación desde una mirada adultocéntrica cargada además de desconfianza y temores. Por eso las primeras «soluciones» al problema de la seguridad suelen ser «endurecer las penas«, «no dejar a los niños infractores de ley en libertad«, propuestas del tipo de «barrer dejando la mugre debajo de la alfombra«, que sitúan al niño o joven en un espacio distinto al nuestro, fuera de la ciudadanía que debe ser protegida, como amenaza más bien que como miembro de la comunidad igual a nosotros.
“los adultos se escandalizan cuando se quema un contenedor, pero no cuando la gente tiene que comer de ellos”, Marta Just, joven española.
Que debe proteger el protector
(¿De qué debe ser protegida?)
Cuando el documento que entregó la municipalidad habla de la «labor de protección de la ciudadanía» que deben ejercer los tribunales no aporta nada nuevo, sólo se hace eco de la opinión expontánea de muchas personas que consideran la ciudadanía como una agrupación de personas similares a si mismas. Pero como expongo más arriba la ciudadanía somos todos, los que nos gustan y también los que nos desagradan, incluso aquellos que percibimos como una amenaza. Y ciudadanos en plenitud son también los niños por el mero hecho de existir. Por lo tanto cuando hablamos de proteger, nos referimos a garantizar tanto los derechos, en este caso de las víctimas del delito, como de lo derechos de aquellos que a temprana edad ya son vulnerados. Hacerlo porque es ético, lo justo, lo ineludible, pero también porque su vulneración quiebra los equilibrios sociales, enferma a la comunidad y esta enfermedad produce resultados como los de la calle Loreley.
«No hay causa que merezca
más alta prioridad que la
protección y el desarrollo del
niño, de quien dependen la
supervivencia, la estabilidad y
el progreso de todas las
naciones y, de hecho, de la
civilización humana».
Plan de Acción de la Cumbre Mundial a favor
de la Infancia, 30 de septiembre de 1990.
El estado chileno en 1900 suscribió y ratificó la Convención sobre los Derechos del Niño, documento que en parte dice en su Artículo 39;
«Los Estados Partes adoptarán todas las medidas apropiadas para promover la recuperación física y psicológica y la reintegración social de todo niño víctima de: cualquier forma de abandono, explotación o abuso; tortura u otra forma de tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes; o conflictos armados. Esa recuperación y reintegración se llevarán a cabo en un ambiente que fomente la salud, el respeto de sí mismo y la dignidad del niño.»
Si hablamos de «proteger a la ciudadanía», hablamos por lo tanto también de garantizar a los niños ( incluso infractores de ley ), en tanto ciudadanos y sujetos derecho, plena protección. De proteger a los niños y no protegernos de los niños.
¿Ha sido la sociedad chilena (usted y yo) garante de estos derechos?
La historia del «chico mono»
Según un reportaje del diario La Tercera, Ariel fumó su primer pito de marihuana a los siete años. Es hijo de una familia donde la violencia es cosa habitual, recibía castigos de su padre e influencia delictual de sus hermanos mayores, estos factores «forjaron un carácter agresivo, inusual en un niño de ocho o nueve años, edad en la que, calculan, comenzó a delinquir» señala el reportaje. Los hechos fueron conocidos por las autoridades que decretaron algunas intervenciones.
Ariel Mena integraba el mismo círculo de “El Cisarro”
Ariel repitió por primera vez tercero básico, en ese momento una comunidad escolar completa pudo ayudar al niño Ariel. Pero no todo estaba perdido, después de tres años logró aprobar tercero y cuarto básico, en el año 2016 aprobó quinto y sexto y expresó sus deseos de ser mecánico automotriz. ¿Alguien se ocupó de guiar al ya joven Ariel para que aprendiera el oficio de su interés?
Cuando estuvo en el Sename Ariel contó que su padre lo golpeaba cada vez que llegaba tarde o «se portaba mal», algo no muy diferente a lo que proponen los «expertos en todo» cuando dicen «endurezcamos las penas».
Ariel pasó por varios programas del sename, en uno de los últimos faltó a las citas y su explicación fue “Lo olvidé, estaba ocupado”, su madre no estaba disponible para ayudar en el tratamiento. El informe oficial dice:
“Entre las razones que han afectado su adherencia al programa es necesario mencionar que por información entregada por familiares del joven, en el último período el adolescente registra diversos ingresos judiciales, lo anterior vinculado al alto grado de dependencia que este mantiene con sustancias como PBC (pasta base) y fármacos”
Fracasos sucesivos de la familia, de los vecinos, de las autoridades en apoyar primero a la familia y después en hacerlo directamente con Ariel. Las intervenciones del Sename fueron por órdenes judiciales y nunca por solicitud de la familia. Ariel que recibió a los 7 años su primer «pito», al momento del mencionado informe, ya había tenido crisis por sobredosis de cocaína, fumaba pasta base, y desde los 11 años usaba además, fármacos que le eran ilícitos.
El gran fracaso
No sorprende que con esa historia de abandono y desprotección el informe del 2016 diga de Ariel “el joven no tiene desarrollada la capacidad de empatía” y “no tiene emociones negativas respecto de sí mismo al reconocer el daño que le ocasionó a la víctima”. Ariel ya presentaba problemas psicológicos graves, no sabemos cuando empezaron, la historia es demasiado cruda. Pero aún siendo ese el caso, la pelea no estaba perdida.
Es su artículo «La comunidad como garante y protectora de los derechos de los niños y niñas: algunas lecciones que nos deja la tragedia de Ámbar«, el profesor Matías Marchant, Docente del Departamento de Psicología y Miembro del Comité Académico del Programa Infancias de la Facultad de Ciencias Sociales Universidad de Chile reflexiona:
No nos conduce a nada nuevo encontrar en algunas personas una desviación psicológica de tal naturaleza, pues no basta para cometer un acto criminal. Se requieren, además, condiciones que lo permitan y lo vuelva un acontecimiento posible. Tener una alteración psicológica no es suficiente predictor de una conducta criminal. Es un error considerarlo como un asunto estrictamente individual. Es una peligrosa pendiente pensar que este crimen es tan solo el fruto de una mente desviada, pues de esta manera se transforma en un problema estrictamente individual, cuando no cabe duda que es un problema que atañe y toca a la comunidad.
No podemos ser tan pencas
Muchos hablan de «endurecer las penas», dicho sea de paso Ariel arriesga cadena perpetua, endurecer eso no resulta posible en una sociedad que ha abolido las torturas y la pena de muerte. pero aunque fuese posible la rabia y las soluciones fáciles (que siempre son otros los que deben implementar sin comprometernos) han eclipsado las soluciones verdaderas, las que habrían garantizado que Ariel hoy fuese un miembro feliz y respetado de nuestra sociedad, las que hablan de ocuparnos de los niños, de crear programas de detección y atención temprana de estas situaciones, las que involucran a la comunidades, las que nos comprometen a usted y a mi por igual. Si sólo hablamos de penas es reconocer que somos muy «pencas» y estamos preparando el repositorio de nuestros futuros fracasos.
