Escalada de la inseguridad y respuesta local
Chile atraviesa por un complejo escenario de seguridad ciudadana. La percepción de inseguridad ha alcanzado niveles históricamente altos: un 87,6% de los chilenos cree que la delincuencia aumentó en el último año a nivel nacional, y alrededor de 76% percibe más delitos en su propia comuna. Si bien la victimización efectiva (hogares que sufrieron delitos) se ha mantenido estable, situándose en torno a uno de cada cinco hogares (21,7%) que sufrieron algún delito de mayor connotación social en 2023 (El País, 2024), la intensidad y violencia de los delitos han crecido. En palabras del alcalde de La Reina, José Manuel Palacios, “mientras los delitos aumentan y son cada vez más violentos, nuestros inspectores municipales salen a las calles con nula protección” (La Tercera, 2024).
Nuestra comuna de La Reina, una zona tradicionalmente residencial de Santiago, las autoridades han optado por consultar directamente a la ciudadanía sobre medidas concretas. En septiembre de 2024, la Municipalidad de La Reina lanzó una consulta ciudadana para sondear el apoyo vecinal a nuevas facultades para sus inspectores de seguridad, incluyendo la posibilidad de utilizar herramientas de defensa no letales Dicha encuesta –titulada “Uso de herramientas de protección menos letales”– preguntó a los vecinos si estarían de acuerdo con autorizar a los funcionarios municipales para portar dispositivos no letales en casos de defensa propia o de terceros, y cuáles de estos elementos deberían permitirse. (Emol, 2024).
Marco legal y regulatorio: la necesidad de un cambio normativo
El principal obstáculo para implementar estas medidas en Chile es el marco legal vigente. Actualmente, los inspectores municipales no están autorizados a portar armas, ni siquiera las denominadas “menos letales” (La Tercera, 2024). La legislación chilena reserva el mantenimiento del orden público y el uso de la fuerza a las policías nacionales –Carabineros de Chile y la Policía de Investigaciones (PDI)–, según ha reiterado la Contraloría General de la República. De hecho, en noviembre de 2021 la Contraloría frenó un intento del municipio de Las Condes por equipar a sus guardias con gas pimienta, bastones y cascos, dictaminando que los únicos “cuerpos armados” autorizados por el ordenamiento son Carabineros y la PDI. En otras palabras, las municipalidades carecen hoy de base jurídica para armar –aunque sea con medios no letales– a su personal de seguridad ciudadana.
Frente a esta realidad, surge la necesidad urgente de actualizar la normativa. En 2023, el Gobierno ingresó al Congreso un proyecto de Ley de Seguridad Municipal destinado a fortalecer el rol preventivo de los municipios. Entre las medidas propuestas figura modificar la Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades para definir el papel de los inspectores en labores de seguridad pública y permitir que puedan ser dotados de “elementos defensivos” apropiados. Según detalló la Subsecretaría de Prevención del Delito, la idea es facultar a los municipios para entregar a sus funcionarios implementos de protección personal –como casco y chaleco antibalas o anticorte–, así como herramientas disuasivas no letales tales como esposas, bastones retráctiles y aerosol de gas pimienta.
Importante es que el proyecto prohíbe expresamente el uso de armas de fuego o elementos cortopunzantes por parte de inspectores, acotando su equipamiento únicamente a dispositivos defensivos de baja letalidad.
Sin embargo, el avance de esta ley ha encontrado resistencias políticas. Sectores del oficialismo han expresado reparos a otorgar más atribuciones a guardias municipales, por temor a “duplicar” funciones policiales. Los ediles argumentan que, mientras el Congreso discute, en la práctica sus equipos salen día a día a enfrentar situaciones de riesgo sin claridad normativa ni medios de defensa. Clarificar la ley otorgaría certidumbre tanto a los funcionarios (sobre hasta dónde pueden actuar) como a los ciudadanos (sobre el alcance de la labor municipal en seguridad).
En síntesis, para hacer viable la incorporación de armas no letales en la seguridad comunal, se requiere una reforma legal. Dicha reforma debería habilitar expresamente a los municipios para dotar a sus funcionarios de ciertos implementos defensivos, bajo condiciones estrictas: capacitación certificada, protocolos de uso, coordinación con las policías y supervisión del Estado. El caso de Perú ofrece un ejemplo cercano de cómo puede diseñarse este marco normativo.
Experiencias internacionales en el uso de armas no letales
La discusión sobre equipar a fuerzas de seguridad con armas no letales no es exclusiva de Chile. A nivel internacional, abundan casos donde se ha adoptado este tipo de armamento con buenos resultados, al tiempo que se establecen salvaguardias para evitar abusos. Organismos como Naciones Unidas han exhortado a los Estados a ampliar el abanico de herramientas disponibles para el cumplimiento de la ley, incluyendo armas incapacitantes no letales. Los Principios Básicos de la ONU sobre el Empleo de la Fuerza (1990) recomiendan proveer a los agentes métodos graduales y medios no letales “para emplearlos cuando fuera apropiado, con miras a restringir cada vez más el empleo” de medios letales (UNODC, 2019). En otras palabras, el estándar internacional de derechos humanos promueve que la policía cuente con alternativas al uso de armas de fuego, de modo de reducir lesiones o muertes innecesarias durante sus intervenciones.
Varios países han incorporado esta visión. Reino Unido, por ejemplo, introdujo a comienzos de la década de 2000 el uso de pistolas eléctricas Taser en sus fuerzas policiales, justamente para “llenar el vacío” entre el uso de spray irritante y las armas de fuego en situaciones violentas (Phys org, 2024). Inicialmente solo unidades especiales disponían de Taser, pero con los años se amplió su dotación. Para 2019 aproximadamente un 14% de los oficiales en Inglaterra y Gales estaban entrenados en su uso, y en 2023 esa cifra subió a 22% de los oficiales en la Policía Metropolitana de Londres. Estas herramientas se emplean siguiendo protocolos estrictos: en el Reino Unido los agentes deben dar una advertencia verbal clara (“¡Taser, Taser!”) antes de disparar, y solo usarlo de forma proporcional a una amenaza identificada, según las guías del College of Policing.
En Estados Unidos, donde la policía municipal está armada incluso con armas de fuego, el empleo de dispositivos no letales es también común. Estudios realizados en departamentos policiales estadounidenses han evidenciado los beneficios de contar con estas alternativas: la introducción de armas de electroshock (CED) y de spray de pimienta se asocia a una reducción significativa de lesiones tanto en oficiales como en sospechosos. En dos grandes ciudades de EE.UU., la tasa mensual de heridos en eventos de uso de la fuerza disminuyó entre un 25% y un 62% tras la adopción de dispositivos como el Taser (PMC, 2009). Esto indica que recurrir a la fuerza no letal, en lugar de la fuerza física o las armas convencionales, puede reducir drásticamente el daño en los operativos.
América Latina también provee antecedentes recientes. En Perú, ante el aumento de ataques armados contra agentes municipales de seguridad (los cuerpos de serenazgo), se promovió una reforma legal similar a la que hoy debate Chile. En 2023 el Congreso peruano aprobó casi por unanimidad (110 votos a favor) una ley que autoriza a los serenos municipales a usar armas no letales, modificando la normativa vigente. La norma establece que, según las posibilidades de cada municipio, se podrá dotar a estos funcionarios de bastones tonfa, gas pimienta, chalecos antibalas y grilletes (esposas). Un aspecto clave es que obliga a una capacitación permanente del personal en el uso de estos medios, a cargo de la Policía Nacional del Perú y de las Fuerzas Armadas (Infobae, 2023). Esto último refleja cómo se pueden conciliar las preocupaciones sobre profesionalismo y control: la ley peruana respetó que la fuerza pública “es ejercida de forma exclusiva” por la Policía y las FF.AA., pero involucró directamente a estas instituciones en la formación y supervisión de los agentes municipales. Aunque la implementación ha generado debate (el alcalde de Lima, por ejemplo, anunció que su comuna no se acogerá al uso de estas armas no letales por ahora), la ley peruana marca un precedente importante en la región. Municipios con características y problemas similares a La Reina –es decir, comunas urbanas donde la delincuencia va en alza y cuyos funcionarios de seguridad han sido blanco de agresiones– ya cuentan con respaldo legal para esta clase de medidas.
En otras latitudes, incluso más allá de Occidente, se observa consenso en dotar a las fuerzas locales de medios no letales. Países de la Unión Europea, por ejemplo, integran en sus policías municipales el uso de gas pimienta y bastones policiales como equipamiento estándar, con protocolos homologados a los de la policía nacional. Estos casos internacionales demuestran que es factible y beneficioso incorporar armas no letales en la primera línea de seguridad comunitaria, siempre que se acompañe de regulación, entrenamiento y controles adecuados.
Beneficios sociales y económicos de su implementación
La posibilidad de que inspectores municipales utilicen armas no letales conlleva importantes beneficios sociales y económicos. En el plano social, mejoraría la capacidad de respuesta ante delitos flagrantes o situaciones de emergencia en los barrios. Los funcionarios de seguridad comunal –que suelen ser la primera línea de acción en terreno– podrían actuar eficazmente para disuadir o reducir a un delincuente mientras llegan las fuerzas policiales. Esto no solo potencialmente salvaría vidas o evitaría lesiones a vecinos, sino que también protegería a los mismos inspectores, quienes hoy en día a menudo resultan heridos al intentar cumplir su labor sin herramientas de defensa.
No hay que olvidar que “hoy no es ajeno ver cómo (los inspectores) son víctimas de balaceras” en el cumplimiento de su deber, como advirtió el alcalde Palacios. Dotarlos de chalecos antibalas, por ejemplo, podría marcar la diferencia entre la vida y la muerte en un ataque armado; y contar con un dispositivo incapacitante de corto alcance (como gas OC o un Taser) podría neutralizar a un agresor evitando el cuerpo a cuerpo, reduciendo el riesgo de lesiones graves para todos los involucrados.
Asimismo, la presencia visible de personal municipal equipado con elementos de seguridad avanzados tendría un efecto disuasivo. Delincuentes oportunistas pensarán dos veces antes de cometer delitos en zonas vigiladas por patrullas municipales capaces de responder. La comunidad, por su parte, percibirá un mayor resguardo: ver a los inspectores con chalecos, cascos y herramientas de defensa genera la sensación de que la autoridad local está mejor preparada para enfrentar la delincuencia. Esto puede traducirse en mayor confianza y tranquilidad para realizar actividades cotidianas, usar los espacios públicos y –en general– disfrutar del barrio, fortaleciendo el tejido social.
En términos económicos, un entorno más seguro y con menor tasa de delitos trae aparejados múltiples beneficios. La delincuencia tiene un costo enorme para el país: estudios recientes estiman que el daño económico de la delincuencia en Chile equivale ya a cerca del 2% del PIB (Emol, 2023), casi el doble que hace una década. Ese costo incluye gastos en seguridad (por ejemplo, el explosivo crecimiento de la seguridad privada), pérdidas materiales, atención de víctimas, e incluso el ingreso laboral perdido de quienes sufren delitos. Al reducir la incidencia de robos, asaltos y vandalismo a nivel local mediante una prevención más eficaz, se ahorran recursos públicos y privados. Por ejemplo, si los municipios logran disuadir delitos con sus patrullajes reforzados, los comerciantes y vecinos podrían gastar menos en medidas propias de protección (alarmas, rejas, seguros), destinando esos recursos a inversiones productivas o mejoras en su calidad de vida. La disminución del crimen también tiende a revalorizar las propiedades y a atraer comercio e inversión a los barrios, dinamizando la economía local.
Además, habilitar a las unidades municipales para contener ciertas situaciones podría aliviar la carga de trabajo de Carabineros, permitiéndoles focalizarse en delitos de mayor complejidad. Una colaboración más equilibrada entre policías nacionales y seguridad municipal redunda en más eficiencia en el uso de fondos públicos: se optimiza el despliegue de los efectivos policiales y se aprovecha la capilaridad territorial de los municipios. A largo plazo, la prevención activa y la respuesta temprana evitan costos mucho mayores asociados a la escalada delictual (hospitalizaciones por violencia, juicios penales, encarcelamientos, etc.). En suma, la inversión en equipamiento no letal y capacitación para inspectores puede verse como una inversión social que paga dividendos en forma de barrios más seguros, comunidades más cohesionadas y ahorros significativos tanto para las arcas fiscales como para los bolsillos ciudadanos.
Críticas y preocupaciones: un debate necesario
La propuesta de equipar con armas no letales a inspectores municipales ha generado críticas centradas en posibles abusos de fuerza, falta de entrenamiento, «municipalización» del orden público y escalada de violencia. Para responder a estas inquietudes, es fundamental establecer una capacitación exhaustiva y protocolos estrictos para su uso proporcional, tal como ocurre en países como Reino Unido y Perú. Además, es importante definir claramente el rol de estos inspectores para evitar conflictos con Carabineros, resaltando la función complementaria y limitada de la seguridad municipal. La evidencia indica que, lejos de aumentar riesgos, contar con medios adecuados y regulados disminuye la vulnerabilidad de los funcionarios y mejora la protección ciudadana. Un diálogo amplio que considere estas preocupaciones ayudará a asegurar que cualquier implementación de armas no letales sea responsable y efectiva.
Conclusión: Hacia una seguridad integrada y proporcional
La situación de inseguridad en comunas como La Reina exige respuestas creativas y decididas. Dotar a los equipos municipales de seguridad de armas no letales aparece como una alternativa viable para reforzar la prevención del delito y la protección de la comunidad, en un contexto donde las instituciones tradicionales están sobreexigidas. Los datos y experiencias analizados muestran que, bajo un marco normativo adecuado, el uso de estas herramientas puede salvar vidas, reducir lesiones y complementar la labor policial sin transgredir normas democráticas.
Por supuesto, no se trata de una panacea. Esta medida debe implementarse responsablemente, con capacitación rigurosa, límites claros y fiscalización constante. La meta es avanzar hacia un modelo de seguridad integrada, donde municipio, policía nacional y ciudadanía colaboren estrechamente. Equipar a los inspectores con medios no letales es un paso en esa dirección: reconoce el rol vital que juegan a nivel local y les entrega instrumentos proporcionales a la amenaza actual, sin llegar al extremo de armarlos letalmente. Es, en el fondo, una respuesta racional y equilibrada ante la “delincuencia desatada” que muchos vecinos perciben (La tercera, 2024).
Chile puede nutrirse de lecciones internacionales y de los consensos internos para concretar esta reforma. Al apostar por las armas no letales, La Reina y comunas similares no buscan militarizar sus calles, sino proteger a sus vecinos y a sus servidores públicos con los medios apropiados al siglo XXI. La evidencia sugiere que los beneficios sociales (mayor seguridad, menor temor) y económicos (menos costos de delincuencia) superan con creces los riesgos, especialmente si estos últimos se mitigan con una buena regulación. En definitiva, fortalecer la seguridad ciudadana a nivel local con herramientas no letales es apostar por una comunidad más segura, donde la prevención y la defensa se ejerzan con firmeza, pero también con prudencia. Es una apuesta por la vida y la tranquilidad, que bien vale realizar con convicción y las debidas precauciones.
Bibliografía
- Contraloría General de la República. (2021). Dictamen sobre uso de elementos defensivos no letales por inspectores municipales. Santiago, Chile.
- Diario Financiero. (2024, julio). Costos económicos de la delincuencia alcanzan el 2% del PIB chileno. Recuperado de https://df.cl
- El Mercurio. (2024, septiembre). Alcaldes del sector oriente gestionan uso de dispositivo BolaWrap para inspectores municipales. Recuperado de https://elmercurio.com
- El País. (2024). Percepción de inseguridad alcanza cifras récord en Chile. Recuperado de https://elpais.com
- Emol. (2024). Municipalidad de La Reina realiza consulta ciudadana sobre armas no letales. Recuperado de https://emol.com
- Fundación Paz Ciudadana. (2024). Informe anual sobre seguridad pública en Chile. Recuperado de https://pazciudadana.cl
- Gobierno de Chile. (2023). Proyecto de Ley de Seguridad Municipal. Ministerio del Interior y Seguridad Pública, Subsecretaría de Prevención del Delito.
- Infobae. (2024). Perú aprueba uso de armas no letales para serenos municipales. Recuperado de https://infobae.com
- La Tercera. (2024). Alcalde José Manuel Palacios: «Los inspectores municipales salen a la calle con nula protección». Recuperado de https://latercera.com
- Municipalidad de La Reina. (2024). Consulta Ciudadana sobre uso de herramientas de protección menos letales. Municipalidad de La Reina, Santiago, Chile.
- Phys.org. (2024). Taser use in UK Police: A comprehensive analysis. Recuperado de https://phys.org
- PMC. (2024). The impact of less-lethal weapons on injuries in use-of-force incidents. Recuperado de https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov
- Subsecretaría de Prevención del Delito. (2023). Informe técnico sobre elementos defensivos municipales. Ministerio del Interior y Seguridad Pública, Santiago, Chile.
- UNODC. (2009). Principios Básicos de Naciones Unidas sobre el Empleo de la Fuerza y de Armas de Fuego por los Funcionarios Encargados de Hacer Cumplir la Ley. Recuperado de https://unodc.org
